12.1.
La Transición: alternativas
políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo
Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977.
La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la
Transición.
1.
alternativas políticas tras la muerte de Franco.
La Transición Democrática española es el
periodo histórico vivido en nuestro país en el cual, se dejó atrás la
dictadura franquista tras la muerte del dictador en 1975 y se pasó a un sistema político parlamentario
de una forma pacífica y consolidada. Duraría desde 1975
hasta el inicio del primer gobierno socialista en 1982.
En la escena política surgieron tres bloques: los franquistas continuistas, partidarios de
mantener la dictadura, la oposición democrática,
que buscaba la ruptura del régimen, y los reformistas del régimen,
que pretendían la concesión lenta de libertades. Finalmente, se logró un
acuerdo entre las principales fuerzas políticas, de un lado y de
otro, para realizar una transición pacífica hacia la democracia.
La aprobación de la Constitución de 1978 dotó a
España de un sistema democrático, que se consideró consolidado cuando, en 1982,
se pasó pacíficamente de un Gobierno de centro-derecha (UCD) a otro de
centro-izquierda, al ganar las elecciones el PSOE.
2. EL PAPEL DEL REY Y EL GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ.
A) El
gobierno de Arias Navarro
Tras la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey.
Aunque el discurso de coronación del nuevo rey había creado algunas
expectativas de cambio, el primer Gobierno de la monarquía, presidido por Arias Navarro, siguió las pautas de la dictadura
de Franco, aunque don
Juan Carlos tuvo la habilidad de situar a, Torcuato
Fernández Miranda, al frente de las Cortes y del Consejo del Reino.
El Gobierno inició una tímida apertura, con la legalización de las
asociaciones políticas, que debían reunir algunos requisitos, como aceptar las
leyes franquistas.
Los principales partidos democráticos de izquierda reclamaban una ruptura
política con el régimen franquista. Estos partidos, que, inicialmente, no
aceptaban la monarquía, exigían la
libertad para los presos políticos; libertades políticas y sindicales, y
elecciones libres. En Cataluña y el País Vasco se pretendía el reconocimiento de los estatutos de
autonomía.
La
oposición democrática se había agrupado en dos
grupos, principalmente: la Junta Democrática,
impulsada por el PCE y liderada por Santiago Carrillo; y la Plataforma de Convergencia Democrática,
organizada alrededor del PSOE y
dirigida por Felipe González.
En marzo de 1976, se unieron en la Coordinación Democrática (“Platajunta”).
A principios de 1976 se produjeron
numerosas manifestaciones en demanda de libertad política y mejoras sociales, a
lo que el Gobierno respondió con mayor represión.
B) El gobierno de
Adolfo Suárez.
En julio de 1976, Arias Navarro presentó su dimisión. El Rey nombró
jefe de Gobierno a Adolfo Suárez. Su
elección fue recibida con reticencia por la opinión pública. Despertaba
desconfianza en la oposición, por su trayectoria política en la dictadura; y también
entre los franquistas radicales.
Suárez formó Gobierno con Torcuato Fernández Miranda y
nombró vicepresidente al general Gutiérrez Mellado.
El punto principal del programa del
nuevo Gobierno era preparar un
referéndum que aprobase una ley que permitiese reformar el sistema político heredado de la
dictadura. La Ley
de Reforma Política, que preveía la celebración de elecciones generales con sufragio
universal directo. Esta ley fue aprobada por las Cortes
franquistas. Después, se sometió a votación popular. A pesar de
la campaña de la oposición, que pedía la abstención, y de los franquistas, que
reclamaban el no, hubo una gran participación
(77%) y un número elevado de votos afirmativos
(94%).
La difícil situación española a
principios de 1977 amenazó la transición. Grupos extremistas iniciaron una
campaña de desestabilización. El asesinato por parte de la extrema derecha de cinco abogados vinculados a la izquierda (“la
matanza de Atocha”), produjo multitudinarias manifestaciones. Esos grupos de
ultraderecha, los Guerrilleros de Cristo Rey, atentaron también contra
librerías e instituciones sociales, de carácter democrático y autonomista.
En el otro extremo, tanto ETA (grupo terrorista independentista
vasco), como los GRAPO (Grupos
Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) asesinaron a miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado.
Los GRAPO además secuestraron al
presidente del Consejo de Estado y al presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Pese a todo, el Gobierno toleró la
celebración de un Congreso del PSOE y legalizó UGT y CCOO; pero no se atrevía a
legalizar al PCE. Aunque al final, Suárez decidió hacerlo. Los
comunistas, por su parte, aceptaron la reforma política y la monarquía.
Pese a anteriores indultos
parciales, hasta octubre de 1977 no se
promulgó la amnistía definitiva de todos los presos políticos.
3. EL RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA: LAS
ELECCIONES DE JUNIO DE 1977. LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
En
junio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones libres
desde 1936. Se habían creado dos
grandes coaliciones,
Suárez creó la UCD (Unión
de Centro Democrático), que incluía a democristianos,
socialdemócratas y evolucionistas del franquismo, y Fraga
había fundado AP (Alianza Popular), que incorporaba a numerosas personalidades franquistas. Ante estas
coaliciones, se situaban el PSOE, el PCE y una larga lista de grupos políticos,
más o menos minoritarios. Las elecciones de 1977 dieron el triunfo a los partidos moderados. Ganó la UCD
(centro-derecha), seguida del PSOE. Los nacionalistas obtuvieron buenos
resultados en el País Vasco y Cataluña.
La extrema derecha, representada por el partido Fuerza Nueva, cosechó un
rotundo fracaso.
La situación económica y social
española era delicada desde mediados de 1970. La crisis de las economías
occidentales de 1973 había producido el estancamiento económico y una alta
inflación. Era preciso reducir la conflictividad laboral y la inflación.
Los grupos políticos, los sindicatos, la patronal y el Gobierno firmaron, en
octubre de 1977, los
Pactos de la Moncloa, en los que acordando reducir la
conflictividad laboral, regular los aumentos salariales y realizar un plan de
ampliación de servicios sociales y una reforma fiscal. Los efectos
positivos, de este pacto fueron inmediatos.
En las Cortes se empezó a trabajar
en la redacción de la nueva Constitución,
en la que intervinieron representantes de los principales grupos del Congreso, desde la derecha procedente del
franquismo (Alianza Popular) a la izquierda comunista. El proyecto fue
redactado por una comisión integrada por 3
representantes de UCD (Miguel Herrero,
Jose P. Pérez Llorca, Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio
Peces Barba), uno del PCE
(Jordi Solé Tura), uno de CiU (Miguel Roca) y uno
de AP (Manuel Fraga).
Tiene un carácter rígido que se adapta la España plurinacional. En octubre
de 1978, la propuesta de constitución fue respaldada por la mayoría de
los diputados y senadores. El 6 de diciembre de 1978,
se aprobó en referéndum popular. Ese mismo mes, el Rey juraba la Constitución en sesión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Senado. Con ello se instauraba una monarquía parlamentaria con un sistema democrático.
La Constitución fue fruto del consenso general
y fruto de una enorme generosidad por parte de todos los grupos políticos. No
obstante, el PNV no la aceptó y propuso la abstención, y la izquierda
abertzale pidió el voto negativo.
En el Título primero se da una
amplia declaración de derechos y libertades individuales: abolición de la pena
de muerte, derecho a la integridad física, derecho a la seguridad, a la
educación, a la
Seguridad Social , libertad religiosa, de expresión, de
pensamiento, de reunión y manifestación y deber de mantener el Estado.
Se
crea la figura del Defensor del Pueblo.
Se
definía el sistema político como una
monarquía parlamentaria en la que el
rey, como Jefe del Estado, Arbitra entre las diferentes instituciones,
pero carece de poder ejecutivo. El cargo es vitalicio y hereditario. Sanciona
las leyes aprobadas en las Cortes y tiene el mando supremo de las Fuerzas
Armadas.
Se establece el
principio de la división de poderes:
▪ Legislativo en las Cortes: Congreso de Diputados y Senado
(bicameral), elegido por sufragio universal, directo y secreto, para un periodo
de 4 años.
▪ Ejecutivo en el gobierno, integrado por el Presidente,
elegido por el Congreso de Diputados, los vicepresidentes y los ministros.
▪ Judicial en jueces y magistrados, coordinados en última
instancia por el Tribunal Supremo.
Se crea el Tribunal Constitucional que
vigila el cumplimiento de la Carta Magna.
EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Para la democratización definitiva
del nuevo Estado, era necesario resolver el problema de la organización
territorial. La exigencia social de autonomía era firme en Cataluña, País Vasco
y Galicia. Se descentraliza el Estado al contemplarse la posibilidad de que las
regiones y nacionalidades puedan optar por convertirse en comunidades
autónomas (Título VIII). Mediante este título quedo
regulada el acceso y configuración del Estado de las Comunidades Autónomas:
En la primera mitad de 1978, 13
decretos leyes establecieron el mapa autonómico, completado cuando Cantabria, La Rioja y Madrid
optaron por formar regiones propias (Navarra ya tenía autonomía previa)
En
octubre de 1979 fueron aprobados los estatutos
vasco y catalán. En las elecciones a los parlamentos autónomos
vencieron los partidos nacionalistas: Carlos Garaicoechea fue investido
Lehendakari en el País Vasco y Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat en
Cataluña.
En
meses sucesivos se aprobaron el resto de estatutos de autonomía y se comenzaron
a elegir sus órganos de gobierno. La organización territorial autonómica supuso
el fin del centralismo histórico. La principal consecuencia fue la aparición de múltiples centros de poder,
pues la Constitución
propugna que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones, con
capacidad para tomar decisiones políticas.
En
los respectivos estatutos de autonomía se especifica la organización de cada
una y se definen las instituciones de
autogobierno: Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno, Presidencia
de la Comunidad
y Tribunal Superior de Justicia. También se regulan las materias y
competencias del gobierno central y autonómico, reservándose el primero los asuntos
internacionales, la defensa del territorio, el sistema fiscal y la ordenación
general de la economía. El resto de áreas competenciales, incluso la policía
(mossos d’esquadra y ertzaintza), recae en las comunidades autónomas. Las
autonomías disponen de sus propios recursos procedentes de los impuestos
cedidos por el Estado central. En la actualidad existen 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Para salvaguardar el
principio de solidaridad, la
Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir y
neutralizar las desigualdades regionales.
4. EL TERRORISMO DURANTE LA TRANSICIÓN
El período de la Transición se
caracterizó por la fragilidad de la reciente democracia, a causa de las
tensiones a que la sometieron los grupos terroristas, como ETA o el
GRAPO y los grupos de extrema derecha. La actividad terrorista
de ETA se había incrementado desde el inicio de la Transición, con el objetivo
de desestabilizar el nuevo régimen político. Como respuesta, surgió entre los
círculos policiales herederos del franquismo una forma de “guerra sucia” con
atentados contra dirigentes etarras exiliados, firmados por el llamado Batallón
Vasco Español. Además, grupos de extrema derecha
realizaban atentados contra entidades y personalidades democráticas. Ejemplos extremistas
fueron los asesinatos de los abogados comunistas en
Atocha en 1977 por parte de los militantes de extrema derecha y
la Operación Galaxia, en la que militares y
personalidades de esta ideología preparaban un golpe de Estado para instaurar
una dictadura militar, fue desarticulada en 1978.
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