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martes, 20 de marzo de 2018

10.1. LA PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA CONSTITUCIÓN DE 1931. EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933).



10.1.        La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931-1933).

La proclamación de la Segunda República.

La proclamación de la II República se produjo mediante plebiscito electoral. Tras la dimisión de Primo de Rivera la imagen del monarca Alfonso XIII se encontraba tremendamente deteriorada por su connivencia con la Dictadura. En este clima se celebraron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que una conjunción republicano-socialista resultó victoriosa en las principales ciudades del país.
El rey captó el descontento del pueblo y optó por el exilio, lo que facilitó la inauguración pacífica del nuevo régimen el 14 de abril. Inicialmente tomó las riendas un Gobierno Provisional formado por miembros del Pacto de San Sebastián, que incluía entre otros a antiguos monárquicos como Alcalá-Zamora, republicanos tradicionales moderados como Martínez Barrio, republicanos intelectuales de la talla de Manuel Azaña, regionalistas como Casares Quiroga y socialistas ilustres como Indalecio Prieto y Largo Caballero. La misión de este gobierno de coalición no fue otra que organizar la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para legitimar el nuevo régimen. Estas se celebran en junio de 1931 y se resuelven con un nuevo triunfo de la coalición gobernante.

El nuevo régimen nacerá con un fuerte apoyo popular y una firme pretensión de modernizar la política del Estado, procurando sustituir la todavía sociedad caciquil, tradicional, rural y agraria por una sociedad de masas más laica, participativa, industrial y urbana.

En líneas generales su desarrollo presenta tres etapas marcadamente diferenciadas: el bienio reformista (1931-33), el bienio radical-cedista (1933-36) y el Frente Popular (últimos meses). Durante la II República, se agudizó la lucha de las dos Españas (Izquierda y Derecha) que, al radicalizarse, condujo a la Guerra Civil.

La Constitución de 1931 y el bienio reformista (1931-33).

El primer objetivo del gobierno provisional será la promulgación de un nuevo texto constitucional que tendrá en el jurista socialista Jiménez de Asúa a su principal redactor.  La Constitución republicana de 1931 destaca por su enorme progresismo, mayor incluso en algunos apartados que la vigente ley de 1978. Concretamente entre sus rasgos más significativos podemos mencionar:
·      -La definición de un régimen democrático, parlamentario, laico, moderno y descentralizado.
·      -El establecimiento de la soberanía nacional y una marcada separación de poderes en la que el ejecutivo recaerá en los presidentes del Gobierno y de la República, un legislativo unicameral representado por el Congreso de los Diputados y un poder judicial en cuya cúspide se ubicaba el Tribunal Supremo.
·      -El reconocimiento del sufragio universal, si bien será necesaria una posterior reforma para que las mujeres accedan al voto, hito que logran en 1933.
·      -La elección del presidente de la República de forma indirecta a través de compromisarios y miembros del parlamento.
·      -Una nueva ordenación territorial en la que se contempla la concesión de estatutos de autonomía como los de Cataluña (1932) y País Vasco (1936).
·      -El reconocimiento de una amplísima nómina de derechos individuales, así como toda una serie de derechos sociales que incluían seguridad social, protección del trabajo infantil y femenino, limitación de la jornada laboral y la estipulación de un salario mínimo.
·      -La anteposición de los intereses económicos nacionales sobre los privados, posibilitándose las nacionalizaciones de empresas o sectores económicos.
·      -Una tajante separación Iglesia-Estado que traerá cola, puesto que amén de la libertad de cultos y la no confesionalidad estatal, el nuevo texto pone fin a los subsidios al clero, prohíbe la enseñanza a las órdenes religiosas, admite el divorcio, los cementerios civiles e insta a la disolución de los jesuitas.


     Tras las elecciones se elige a Alcalá-Zamora como presidente de la República y Azaña como jefe de Gobierno. El nuevo gobierno pretendió desarrollar una batería de reformas que modernizaran el país:

1.        Reforma agraria: en este campo el gran objetivo fue la redistribución de la propiedad agraria a partir de una Ley de Reforma que pretendía satisfacer fundamentalmente a los jornaleros sin tierras. Debió ceñirse a los latifundios meridionales, pero se intentó aplicar en todo el país y contará con la oposición de pequeños y medianos propietarios fundamentalmente castellanos. Finalmente no cuajó, dejando insatisfechos tanto a terratenientes como a jornaleros.

2.        Reformas laborales: promovidas sobre todo por el ugetista Largo Caballero con el objetivo de crear un nuevo marco de relaciones laborales entre empresarios y trabajadores al tiempo que se extendían los beneficios de la legislación laboral al campo. Entre sus principales medidas destacan la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Términos Municipales y la Ley de Accidentes del Trabajo.

3.        Reformas militares: alentadas por Azaña en calidad de Ministro de Guerra a la par que Presidente del Gobierno, se encaminaron a la defensa de un estado más civil. Para ello se redujo el número de oficiales profesionales, facilitando su retiro voluntario, medida que causó gran recelo entre los militares. Además se abogó por modernizar el equipamiento militar, las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil. Asimismo, a fin de lograr una mayor fidelidad a la República, se obligó a los militares a jurar fidelidad al nuevo régimen. Curiosamente muchos opositores del sistema accedieron al juramento con la intención de conspirar desde dentro. También se promovió una reorganización de la administración y de la enseñanza militar, cerrándose instituciones como la Academia Militar de Zaragoza que dirigía entonces el General Franco y se creó un cuerpo adicto a la República encargado del orden público, la Guardia de Asalto.

4.        Reforma religiosa: con el objetivo de promover un Estado laico se adoptan una serie de medidas comenzando por la propia Constitución y otras leyes complementarias como la Ley de Congregaciones Religiosas (1933), la Ley de Divorcio (1933), la secularización de los cementerios, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y la retirada de crucifijos y otros símbolos religiosos de las instituciones educativas. La cuestión religiosa desatará notables conflictos tempranamente, derivando en algunas muestras de anticlericalismo popular que se materializaron en quema de conventos e iglesias en mayo de 1931.

5.        Reforma educativa y política cultural: encaminada también hacia un mayor laicismo. En materia estrictamente educativa tuvo particular influencia la Institución Libre de Enseñanza con un programa que, siguiendo el modelo francés, proponía un sistema educativo unificado, público, laico, progresivamente mixto y gratuito al menos en la enseñanza primaria. Para ello se realizó un importante esfuerzo económico para la formación de profesores y maestros, la construcción de escuelas, la dotación de becas y la difusión de libros a través de bibliotecas públicas. Maestros y profesores supusieron un gran apoyo del Régimen, lo que explica que fuera un grupo harto represaliado por el Franquismo.

6.        Reforma autonómica: que afectará principalmente a regiones como Cataluña, País Vasco y Galicia. En el escenario catalán se consigue el ansiado Estatuto en septiembre de 1932, mientras que en el País Vasco la concesión llegar tardíamente en octubre de 1936 más que por convicción, para atraer al nacionalismo vasco a la causa republicana iniciada la Guerra Civil. Finalmente para Galicia se aprueba un Estatuto en febrero de 1938 que no llegará a aplicarse ante la temprana inclusión de la zona en el bando franquista.
                                                                                           
7.        Impulso de las obras públicas: a cargo del socialista Indalecio Prieto con el objetivo de extender el regadío y llevar a cabo toda una serie de obras hidráulicas (pantanos, trasvase Tajo-Segura) que continuará el Franquismo.

El gobierno reformista toca a su fin cuando fundamentalmente dos problemas precipitan su crisis:
 Por un lado, asistimos al reagrupamiento de la derecha antiliberal, patente en algunos intentos de insurrección militar como la “Sanjurjada” (golpe de estado del general Sanjurjo en Sevilla en agosto de 1932) y en la formación de diversos grupos políticos afines al fascismo, como las JONS de Ledesma y Redondo, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera o la Renovación Española de Calvo Sotelo. También irá afirmándose la derecha católica conservadora representada por Acción Popular, base de lo que luego será la CEDA liderada por Gil Robles.

Por otro lado, tuvo lugar la ofensiva sindical e insurreccional de la CNT, promotores de la acción directa, la huelga general e incluso llegan a proclamar un comunismo libertario que en ejemplos como Casas Viejas (Cádiz) será reprimido con dureza.
Estos problemas contribuyen decisivamente a que el gobierno convoque elecciones en noviembre de 1933, primeras en las que las mujeres pueden votar, y que se saldaron con el triunfo de la coalición de centro-derecha encabezada por el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles.
Las grandes realizaciones culturales


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